DE CAUDILLOS Y JEFES REVOLUCIONARIOS…

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN… O LÍNEA DEL TIEMPO

POR: JOSÉ FRANCISCO COELLO UGALDE.

   Ya establecido el orden dentro de los gobiernos de los presidentes Obregón y Calles, los volúmenes de inversión en la industria tomaron un nuevo cauce ascendente que duró hasta la gran depresión de 1929.

   La supresión de impuestos a la importación de equipo para las empresas y la centralización del control eléctrico por las empresas, características que conformaron el gobierno del General Porfirio Díaz, en los períodos 1920-1924 y 1924-1928, fueron cambiando lentamente. La generación de energía que, según la Constitución General de la República de 1857, facultaba a los estados y territorios para promoverla y realizarla, en los gobiernos del General Álvaro Obregón y del General Plutarco Elías Calles, fue perdiendo vigencia dando así cabida a una forma de centralización dirigda por la federación en las tareas eléctricas.

   En 1927 se indicó la necesidad de que la nación tuviera derecho sobre los recursos hidráulicos, hecho que forzosamente afectaría a la larga a las empresas eléctricas, pues todavía en esta época continuaba la política de concesiones.

   La relevancia de la actividad en la industria eléctrica de 1920 a 1929 se desprende de las siguientes consideraciones: el producto nacional bruto se acrecentó en un 20%, la actividad industrial aumentó un 33%, la capacidad de energía eléctrica instalada se triplicó, la generación de energía se duplicó. En 1928 la minería y la industria siderúrgica consumían el 33% de la capacidad de la industria eléctrica, el 20% otras industrias y el resto se aplicaba al alumbrado público, servicios residenciales y a usuarios en general.

   En el año de 1922 fue creada la Comisión Nacional de Fuerza Motriz, que intentó la reglamentación de la industria eléctrica y trató de regular los planes eléctricos buscando la unidad en los aprovechamientos de los recursos energéticos; otra función de la citada Comisión era vigilar las tarifas y resolver las diferencias entre los conflictos de empresas y consumidores. La labor de la Comisión Nacional de Fuerza Motriz fue sólo un intento por controlar la industria eléctrica nacional.

   1925 significó un parteaguas en el devenir de la nación. El gobierno del Presidente Elías Calles dividió el México revolucionario de guerras intestinas, del México revolucionario dentro de los marcos institucionales. Durante su gobierno se crearon las formas del Estado mexicano moderno. Sus métodos político-económicos crearon la era del institucionalismo, lo que forzosamente afectó a la propiedad extranjera. En el exterior, el Presidente Calles fue considerado un rabioso radical; la verdad es que fue un notable estadista.

   El 30 de abril de 1926 se expidió el código nacional eléctrico. Se extendió un control federal sobre la industria en lo referente a generación y distribución, el gobierno tomó el mando sobre las concesiones y se reglamentó la técnica de operación de la industria. Algunas de estas medidas prosperaron, pero la mayoría de ellas no tuvieron éxito debido a que las empresas hicieron valer el derecho de sus concesiones.

   La tensión entre consumidores y empresas continuaba, la relación de tarifas entre los consumidores mexicanos y las fuerzas industriales era francamente dispareja, esto es explicable en razón de que con frecuencia los dueños de la industria eléctrica tenían relaciones sumamente estrechas con la minería, la siderúrgica y la industria en general. Los usuarios nacionales estaban en condiciones muy desfavorables y las protestas por este estado de cosas se sucedían cada día con mayor insistencia. En 1921 se registró el primer movimiento contra las empresas, y fue organizado por los consumidores de energía eléctrica de la rama textil.

   La gran crisis económica de 1929 afectó en forma considerable a la industria eléctrica. El producto nacional bruto descendió notablemente, asimismo el conflicto entre técnicos mexicanos y consumidores con el sector empresarial se agudizó.

   En 1932 bajaron las tarifas para pequeños consumidores, pero la energía eléctrica continuaba bajo el control de las fuerzas encargadas de la producción industrial. La intervención estatal, aunque mínima, cada vez se acentuaba más y se dejaba sentir en el campo eléctrico nacional.

   Un hecho que conviene destacar porque constituye un antecedente histórico valioso, fue el que realizó la Confederación Nacional Defensora de los Servicios Públicos en 1933, al pedir la nacionalización de la industria eléctrica. Por esta época tomaron auge las tesis del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Franklin D. Roosevelt en su política de “ver hacia delante”. América Latina resintió saludablemente este nuevo trato. Contra la imposición monopolista de las oligarquías empresariales, se presentó la comprensión hacia el desarrollo libre de las fuerzas productivas de las naciones latinoamericanas. Los pueblos de América Latina tuvieron en el Presidente Roosevelt a un reformador que entendió la imperiosa necesidad que los asistía para organizar planes de desarrollo que encauzaran la producción y fundamentalmente que dieran cumplimiento a las demandas populares.

   Así las cosas, en 1933 el gobierno de México fue autorizado por el H. Congreso de la Unión para promover la creación Federal de Electricidad, organismo del poder público que nació institucionalmente en 1937.

   La escena de 1937 fincaba la reforma agraria con impulsos renovados y los planes nacionales se efectuaban con incesante empeño. En fin, la administración del Presidente Lázaro Cárdenas robusteció la economía nacional, colocando pilares sólidos para el futuro desarrollo económico social de la nación; en estas tareas siempre se dio el más decidido apoyo a los núcleos populares. Lo que se ha denominado la “Epopeya del Petróleo” y su repercusión, la reafirmación de una política internacional que mantenía inviolable la soberanía del país y que al mismo tiempo proponía la libre autodeterminación de los pueblos; todo ello constituyó un capítulo estelar en la historia de los gobiernos revolucionarios de México.

   La ley de 1938 limitó las concesiones eléctricas a plazos máximos y no renovables y determinó que los proyectos eléctricos y su financiamiento deberían estar aprobados por el gobierno. Este año se unificaron los sistemas contables de las empresas para facilitar los controles fiscales, se fijaron tarifas eléctricas por períodos no mayores de cinco años y se estableció la Comisión Nacional de Tarifas.

   De 1939 a 1945, período de la gran guerra mundial, la industria eléctrica nacional reflejó las dificultades del momento por el que se atravesaba. Sin embargo, se continuó en la tarea de construcción de plantas. Por esta época, en 1940, el gobierno adquirió la Compañía Eléctrica de Chapala, la que fue manejada bajo sistema de sociedad anónima.

   El gobierno reiteraba con frecuencia a las empresas la necesidad de planificar racionalmente el crecimiento de la industria para bien del país. Esta requisitoria siempre tuvo como respuesta el renovado afán de lucro empresarial y ningún intento por comprometerse con los intereses de México.

   Los programas de electrificación que efectuó la Comisión Federal de Electriciad de 1945 a 1950 fueron desplazando a las empresas privadas. La American and Foreign Power y la mexican Light and Power Co., principales consorcios eléctricos extranjeros que había en el país, fueron poco a poco superados por la acción vigorosa de la Comisión Federal de Electricidad.

   En    945 la Mexican Light and Power Co., y la American and Foreign Power Co., contaban con el 60 por ciento de la capacidad de generación, la Federal de Electricidad con el 5 por ciento y el resto lo tenían otras industrias. En 1960 la Comisión Federal de Electricidad contaba con el 40 por ciento de la capacidad de generación en el país, las empresas extranjeras con el 33 por ciento y otras empresas con el 27 por ciento restante.

   De 1945 a 1960, se efectuaron inversiones en la industria eléctrica por 7,500 millones de pesos, de los cuales 5,000 millones correspondieron a la Federal de Electricidad y 2,500 millones a los dos grandes consorcios y otras empresas. De lo anterior podemos deducir el magnífico impulso que la Federal de Electricidad realizó desde su creación hasta 1960.

   En abril de 1960 se inició el proceso de nacionalización de la industria a través de la compra de las empresas por el gobierno de México. Cincuenta y dos millones de dólares por el control sobre el 90 por ciento de las acciones de la Mexican Light and Power Co., 78 millones de dólares para saldar los pasivos de esta empresa, y 70 millones de dólares por la adquisición de la American and Foreign Power Co., constituyeron los caracteres de compra de las empresas por el gobierno. Las empresas, por su parte, se comprometieron a realizar inversiones en México.

   Este acto de vital trascendencia nacional culminó en septiembre de 1960 y reflejó una particular afirmación en el robustecimiento de la conciencia nacional; tierra en 1910, petróleo en 1938, electriciad en 1960.

   De 1960 a la fecha, la industria eléctrica ha consolidado su estructura, y en 1965 inició los planes adecuados para llevar a cabo su vertebral integración. Los avances en materia de electrificación rural se han sentido con verdadero impacto en la nación, en virtud de que la Comisión Federal de Electricidad ha llevado y lleva a cabo los planes más concientes en materia de electrificación rural. La integración de la industria ha sido obra del esfuerzo de sus trabajadores y ha hecho posible que la luz llegue al campo mexicano.

   La electrificación rural en México manifiesta progresos acelerados, que son producto del correcto aprovechamiento de los recursos de la industria por el sector institucional, el que ha promovido programas de extensión en la obra de electrificar las comunidades rurales para beneficio de quienes las habitan.

   Para la eficaz realización de este capítulo, la Federal de Electricidad ha venido coordinando sus esfuerzos con los de los gobiernos de los estados y los habitantes beneficiados. Las Divisiones de Operación a través de sus dependencias señaladas, que disponen para el desarrollo de su fin de un patrimonio específico, realizan convenios con los gobiernos de los estados y con los particulares beneficiados por las obras que se realizan, en los que la Comisión Federal de Electricidad otorga su aportación y la complementa con la de los gobiernos estatales y los habitantes beneficiados. Estos centro de trabajo operan en todas las entidades del país.

   Ya nacionalizada la industria, su integración ha constituido una tarea de igual o mayor importancia que la propia nacionalización. En esta labor, la electrificación rural ha tenido trascendente importancia.

   Las empresas afiliadas estaban bajo la tutela de Industrial Electrica Mexicana, empresa estatal que había venido trabajando en forma de relativa independencia. Las instalaciones que el gobierno de la República compró a la American and Foreign Co., en 1960, dentro de los procesos de nacionalización de la industria, fueron incorporadas al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad.

   Promover y efectuar tareas eléctricas son requerimientos actuales; por ello, es imperiosa la necesidad de incrementar los procesos de construcción y distribución de energía eléctrica en el ámbito nacional.

   México, la Comisión Federal de Electricidad y sus programas integrales, van hacia delante recorriendo un camino cuyo final aún está distante, pero el que algún día alcanzaremos.