EDITORIAL.

POR: JOSÉ FRANCISCO COELLO UGALDE.

   El día de hoy, a través del grupo virtual “H-México” (http://www.h-mexico.unam.mx/) fue posible visualizar un mensaje cuyo contenido es de suyo importante, pues tiene que ver con la forma en que desde la política se maneje el destino de la memoria de este país, lo cual inquieta profundamente. El contenido del “Exhorto” deja notar la preocupación que persiste en el sector de los historiadores, mismos que día con día estamos más que conscientes sobre este capítulo en el que por muy particulares razones hago notar el destino del patrimonio documental perteneciente a Luz y Fuerza del Centro, que si bien ya cuenta con un fondo así denominado en el Archivo General de la Nación, dicha institución no tiene hasta hoy la garantía del resguardo en su totalidad. Por tal motivo, la esencia de tan razonado planteamiento por parte de la comunidad de historiadores ha hecho circular el siguiente escrito al que, desde luego me adhiero y me solidarizo.

Por una Ley General de Archivos

Disponible en internet octubre 21, 2016 en:

http://www.h-mexico.unam.mx/node/18497

EXHORTO DIRIGIDO A SENADORES Y SENADORAS QUE CONFORMAN LA MESA DIRECTIVA, LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DE LA LXIII LEGISLATURA:

URGE LEY GENERAL DE ARCHIVOS

Se exhorta al Senado a la discusión y aprobación de una Ley General de Archivos congruente con los avances legislativos en materia de transparencia y acceso a la información.

Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva

Senador Fernando Herrera Ávila,

Presidente de la Junta de Coordinación Política

Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación

Senador Miguel Barbosa Huerta,

Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda

En octubre de este año el Congreso de la Unión cumplió un año y ocho meses de retraso en el cumplimiento de los plazos establecidos por la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información que mandataban la promulgación de una Ley General de Archivos. Esta reforma estableció que dicha ley debía normar la organización y administración homogénea de los archivos en los tres órdenes de gobierno para determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

La gestión de los archivos públicos es condición indispensable para la materialización del derecho de acceso a la información y el deber de rendición de cuentas. Asimismo, una incorrecta gestión puede minar la producción académica, histórica e investigativa. La gestión documental se refiere a documentos que testifican las decisiones públicas, tanto del pasado como del presente. De ahí la urgencia de una norma general y de un sistema nacional que se articule con los sistemas nacionales de fiscalización, transparencia y combate a la corrupción.

Los archivos son fuente imprescindible para la comprensión de la historia, para la formación de las memorias colectivas y la definición de las identidades. Sin los documentos que albergan no es posible elaborar una explicación completa del pasado y del presente del país, ni proyectar su futuro. No obstante, su relevancia que no ha sido debidamente reconocida por el Congreso ni por la Presidencia de la República.

Desde inicios de 2016 se conformó un grupo plural de trabajo entre organizaciones civiles, expertos en archivística y senadores, dedicado a la redacción de propuestas para una iniciativa que responda a las necesidades en la materia. Sin embargo, por razones desconocidas, las propuestas trabajadas se encuentran detenidas y no se ha presentado formalmente una iniciativa en las comisiones legislativas. Por ello, exhortamos a las comisiones responsables, Anticorrupción y participación ciudadana, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, a presentar y dictaminar cuanto antes una Ley General que contemple lo siguiente:

1. El modelo de rectoría del sistema nacional de archivos debe tener como elemento principal la especialidad técnica. El conocimiento sobre los archivos es fundamental para construir los lineamientos nacionales en la materia. Afortunadamente, el país tiene experiencia suficiente para echar a andar el sistema nacional. Instituciones como el Archivo General de la Nación (AGN) tienen la capacidad, la profesionalización y los conocimientos técnicos para enfrentar el gran reto. Por ello, la Secretaría de Gobernación no debe de ser la instancia encargada de establecer los lineamientos, disposiciones y diseño de herramientas de consulta, para que la materia archivística no se diseñe a partir de criterios políticos sino del conocimiento técnico que atienda a las necesidades del país.

2. La capacidad de acción del AGN ante nuevas obligaciones no ha sido considerada en los proyectos que se han discutido en mesas técnicas ni tampoco en el proyecto del presupuesto que deberá ejercerse en 2017. En éste último, lejos de fortalecer al AGN, se propone una reducción presupuestal de más del 78 por ciento (de 321.2 millones a 67.5 millones). Si las atribuciones con las que ya cuenta por la Ley Federal de Archivos no han podido ser cumplidas a cabalidad por sus limitaciones operativas y presupuestarias, el panorama frente a futuras obligaciones es inquietante.

3. En congruencia con la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información aprobada hasta ahora, los archivos históricos deben conservar su carácter público. Cualquier restricción para el acceso a los archivos históricos debe ser eliminada sin ambigüedades, es decir, los documentos históricos no pueden ser considerados información reservada ni confidencial. De igual forma, es necesario garantizar mecanismos y plazos de transferencia secundaria para que todos los archivos de interés público puedan estar a disposición de la ciudadanía.

  Exhortamos a que este debate suceda cuanto antes, públicamente y escuchando las voces de las y los expertos. Los archivos son un tema tan importante que merece una amplia y pronta deliberación. Nuestro país tiene experiencia, tiene profesionales de los archivos y propuestas con calidad técnica que merecen ser consideradas y discutidas en un debate nacional similar a los que han sucedido en otros procesos de reforma. Sin reglas técnicas de archivos, es decir, lineamientos claros, homogéneos y basados en la archivística, el país corre el riesgo de ver fracasar a los sistemas nacionales ya aprobados, pues sin documentos que contengan la memoria y evidencia de las decisiones y actos de gobierno, es materialmente imposible que exista la transparencia y el acceso a la información como también será imposible asignar responsabilidades por actos de corrupción e impunidad.

Ccp. Senadores y senadoras que integran la Mesa Directiva: Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, César Octavio Pedroza Gaitán, Luis Sánchez Jiménez, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rosa Adriana Díaz Lizama, Luis Humberto Fernández Fuentes, María Elena Barrera Tapia y Ana Gabriela Guevara Espinoza.

Ccp. Senadores y senadoras integrantes de la Junta de Coordinación Política: Emilio Gamboa Patrón, Miguel Barbosa Huerta, Carlos Alberto Puente Salas, Manuel Bartlett Díaz, Miguel Romo Medina, Lucero Saldaña Pérez y Sonia Mendoza Díaz.

Ccp. Senadores y senadoras integrantes de la Comisión de Gobernación: Héctor Larios Córdova, Armando Ríos Piter, Miguel Ángel Chico Herrera, Ismael Hernández Deras, Manuel Cárdenas Fonseca, Gerardo Sánchez García, Graciela Ortiz González, Fernando Yunes Márquez, Salvador Vega Casillas, Laura Angélica Rojas Hernández, Raúl Morón Orozco y Ángel Benjamín Robles Montoya.

Ccp. Senadores y senadoras que integran la Comisión de Estudios Legislativos Segunda: Juan Carlos Romero Hicks, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth Hernández Lecona y Luis Fernando Salazar Fernández.

FIRMAN

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, Alianza Cívica, Alternativas y Capacidades, Archiveros sin Fronteras Internacional, ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia), CCiudadano Construcción y articulación de lo público, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC), Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), Colectivo por la Transparencia, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Colegio Nacional de Archivistas, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Comité Mexicano de Ciencias Históricas, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noreste, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Cultura Ecológica, DECA - Equipo Pueblo, Equis Justicia para las Mujeres, Escuela Mexicana de Archivos, Foro para el Desarrollo Sustentable, Fundación Arcoiris, Fundar Centro de Análisis e Información, Fundación Pensamiento Libre, Gente Diversa de Baja California, Gestión Social y Cooperación (GESOC), Greenpeace México, Horizontal, Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana, Indignación Promoción y Defensa de Derechos Humanos, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social INCIDE Social, Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo, Iniciativas Humanas y Sociales, Información Accesible y Rendición de Cuentas (IARAC), Iniciativa Sinaloa, Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), México Infórmate, Participando por México, Programa Interdisciplinarios en Estudios Migratorios CIDE, Red Consejo Ciudadano a la Contraloría, Red Solidaria Década contra la Impunidad, Red para la Transparencia Activa, Son Tus Datos (Artículo 12), Sonora Ciudadana y Visión Legislativa.

A TÍTULO PERSONAL:

Aleida Calleja, Alejandra Ríos, Alfredo Ávila, Alfredo Pureco Ornelas, Alicia Salmerón, Ana Elena Fierro, Andrés Lira González, Andrés Ríos Molina, Antonio Escobar Ohmstede, Antonio Pérez Victoria, Argely Pérez Carrillo, Aurora Gómez Galvarriato, Berenice Alcántara, Carlos Marichal, Cecilia Azuara, Clara Jusidman, Claudia Agostoni, Edith Mercado Gómez, Eduardo Bohórquez, Eduardo Hernández Rodríguez, Elena Azaola, Emilio Del Carmen López, Enrique Espinosa Cruz, Engracia Loyo Bravo, Eréndira Sarahí Pérez Ponce, Érika Gabriela Pani, Evelia Trejo Estrada, Francisco Flores Carrillo, Francisco Quijano, Gabriela Morales Martínez, Guillermo Cejudo, Héctor Zarauz López,Hna. Consuelo Morales, Ina Zoon, Isabel Martínez, Iván García Gárate, Ivonne Mijares Ramírez, Javier Sanchiz Ruíz, Jenaro Villamil, Jesús Cantú, Jorge Alberto Schiavón, Jorge Javier Romero, José Antonio Ramírez Deleón, José Luis Cardoso Suárez, José Rubén Romero Galván, Julio López Troncoso, Laura Rubio Díaz Leal, Liliana Veloz, Lourdes Morales Canales, Lorenzo Meyer, Luis Daniel Vázquez, Maria Cecilia Zuleta, Maria Eugenia Arias Gómez, María del Carmen Pardo, María del Carmen Vázquez Mantecón, Mariana Flores Guevara, Mariclaire Acosta, Martín Ríos Saloma, Mauricio Merino Huerta, Pablo Yankelevich, Pedro Carta, Pilar Martínez López-Cano, Regina Lira, Roberto Martínez González, Rodrigo Díaz Maldonado, Rodrigo Moreno Gutiérrez, Romana Gloria Falcón Vega, Sergio Aguayo, Sergio Miranda, Silvano Cantú, Silvia Dutrénit Bielous, Soledad Loaeza, Susana Sosenski, Virginia Guedea, Paola Chenillo Alazraki, Iliana Quintanar Zárate.

Otros historiadores que se han adherido a la carta enviada al Senado:

Miguel Pastrana

Fernando Betancourt

Patricia Osante

Teresa Álvarez Icaza Longoria

Gabriel Kruell

Enrique Plasencia de la Parra

Guadalupe Pinzón

Felipe Castro

Federico Navarrete

Iván Escamilla González

Pilar Gilardi

Álvaro Matute