EDITORIAL.
POR: JOSÉ FRANCISCO
COELLO UGALDE.
Algo anda mal, huele mal desde que una
postura totalmente oficialista ofrece resolver la dramática situación de este
país, que hubo necesidad de que un reconocido director de cine, Alfonso Cuarón,
se decidiera a enviarle al presidente en turno las siguientes ofertas de
diálogo, surgidas de la enorme inquietud manifestada por un pueblo sin voz:
Preguntas
que tuvieron la siguiente respuesta, seguramente elaboradas por tecnócratas
apostados en el gobierno:
Preguntas y respuestas sobre la Reforma
Energética
1. Sobre los precios de los
energéticos, los beneficios tangibles de la reforma, y su cronograma
La Reforma Energética permitirá reducir
los precios del gas natural y la electricidad en el mediano plazo. A pesar de
ser un país con grandes yacimientos de este combustible en el subsuelo, México
estaba importando cada vez más gas natural. En 2013, por ejemplo, México
importó 30% del gas natural que se consumió en el país. Pemex no estaba
produciendo todo el gas natural que el país necesita, por las limitaciones que
imponía el modelo regulatorio que estamos cambiando.
Con el modelo anterior, la producción
de gas natural no podía ser llevada a cabo por el sector privado, ya que estaba
prohibido por la Constitución. Eso nos llevó a una situación paradójica. Por un
lado, no permitíamos que empresas particulares extrajeran gas natural en
México, pero sí comprábamos gas natural a empresas privadas extranjeras en
Estados Unidos y otros países, que se revende en nuestro país a un precio mayor
del que tendría si se produjera en México.
Adicionalmente, en los últimos años, el
país no desarrolló la infraestructura necesaria para transportar el gas por
ductos acorde con las necesidades nacionales, lo que se tradujo en desabasto y
racionamiento de gas natural (alertas críticas) durante el 2012 y el primer
semestre de 2013.
El costo de la electricidad depende en
gran medida del combustible que se utiliza para generarla. La energía eléctrica
que se genera con gas natural es cuatro veces más barata que cuando se utiliza
combustóleo y seis veces más económica que cuando se emplea diésel, además de
que el gas natural es un combustible más amigable con el medio ambiente.
Con la Reforma Energética, las empresas
privadas podrán producir gas natural en México, por sí solas o asociadas con
Pemex, y venderlo en nuestro país, generando empleos y pagando impuestos en
nuestro territorio, en lugar de hacerlo del otro lado de la frontera. A partir
de los nuevos cambios, existirán múltiples productores de gas natural en
México, compitiendo entre sí, con lo cual tendremos gas natural suficiente y a
menor precio.
Además, bajo el Programa Nacional de
Infraestructura se construirán a lo largo del sexenio 10 mil kilómetros de
nuevos gasoductos que permitirán al país contar con una red nacional e integrada,
que contribuirá a transportar el gas natural a precios competitivos, en
beneficio de los hogares y las empresas.
De esta manera, podrá utilizarse ese
gas natural para sustituir el combustóleo y el diésel en la generación de
electricidad. Ello permitirá reducir los costos de generación y, por tanto,
también disminuir las tarifas de la luz en beneficio de las familias, los
comercios y las industrias mexicanas. Entre más gas natural se produzca en
México, menores serán los costos de generar electricidad y, en consecuencia, se
podrán reducir los recibos de luz. Con el aumento de la oferta de gas natural,
también se impulsará la producción nacional de fertilizantes para beneficiar al
campo mexicano.
Pemex invertirá 15 mil millones de
pesos para producir 480 mil toneladas de amoniaco que servirán de
insumo para un millón de toneladas de
urea. Esta producción ahorrará importaciones por 400 millones de dólares
anuales.
En el caso de la gasolina, México
importa el 49% del consumo nacional, por lo que la reforma prevé la apertura a
la inversión en refinación y de su cadena productiva para incrementar la oferta
del combustible. Además, la gasolina es subsidiada y es menester reconocer que
el esquema de subsidios vigente es altamente regresivo: el decil de la población
con menores ingresos recibe sólo el 1.6% del subsidio; mientras que el 10% de
los hogares con mayores ingresos concentra más del 30% del mismo.
No obstante lo anterior, la Reforma nos
permitirá establecer precios máximos para los combustibles que harán que sus
precios se muevan de forma parecida a los precios de otros productos. Eso
contrasta con años previos donde los precios de las gasolinas y otros
combustibles crecieron entre 2 y 4 veces más que la inflación general. Como la
reforma prevé abrir el sector de refinación, transporte y despacho de
combustibles, estableciendo una competencia efectiva, los precios a los
consumidores podrían incluso aumentar menos que el de otros productos.
En conclusión, entre los beneficios
esperados de la Reforma Energética se encuentran los siguientes:
• Reducción de las facturas de luz y
los precios de gas, a más tardar dos años después de la fecha de entrada en
vigor de la legislación secundaria. Cabe destacar que ésta no es una reducción
voluntariosa, populista o por decreto. Es una reducción sostenida como
resultado de que bajarán los costos de producción y de generación, y por lo
tanto ocurrirá conforme se lleven a cabo las inversiones en gas y en
electricidad.
• 500,000 empleos adicionales en 2018 y
2.5 millones de empleos adicionales en 2025.
• 1% adicional de crecimiento del PIB
en 2018 y 2% adicional en 2025.
• Aumentar la producción nacional de
fertilizantes a precios competitivos y evitar la importación de este insumo por
400 millones de dólares.
• Incremento en la producción de
petróleo, de 2.5 millones de barriles diarios en 2013, a 3 millones de barriles
diarios en 2018 y 3.5 millones en 2025.
• Incremento en la producción de gas
natural, de 5,700 millones de pies cúbicos diarios en 2013, a 8,000 millones de
pies cúbicos diarios en 2018 y 10,400 millones en 2025.
2. Sobre el riesgo de afectaciones al
medio ambiente, las medidas para protegerlo, y la responsabilidad ante el caso
de accidentes
El transitorio décimo noveno del
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 (en
adelante El Decreto), mandata la creación de la Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
La Agencia se plantea como un órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) que tendrá dentro de sus atribuciones regular y
supervisar, en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio
ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo
las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el
control integral de residuos.
La Agencia tendrá la capacidad para, en
coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, responder ante cualquier accidente industrial que ponga en
peligro la salud de los trabajadores así como el medio ambiente. Actualmente,
la Secretaría de Marina ya cuenta con un Plan Nacional de Contingencia para
Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras Substancias Nocivas en
el Mar.
La Reforma enfatizará una explotación
de recursos que sea responsable ambientalmente, minimizando las afectaciones
previsibles al medio ambiente al mismo tiempo que se garantiza una capacidad
efectiva de respuesta frente a cualquier accidente o imprevisto.
Para ello, además, se adoptarán las
mejores prácticas internacionales desde el punto de vista de responsabilidad
plena de cualquier contratista que esté llevando a cabo actividades de
exploración y explotación. En este sentido, la iniciativa de legislación
secundaria establece con claridad que son las empresas petroleras las
responsables de cualquier afectación al medio ambiente. En ese sentido, la
Reforma Energética dotará al Estado mexicano de la capacidad para poder exigir
que las empresas en el sector cumplan con sus obligaciones.
3. Sobre los planes para desarrollar
tecnologías e infraestructura de energía alternativa
Existen planes concretos para
desarrollar tecnologías e infraestructuras de energía alternativa en nuestro
país, y ya están implementándose.
Tal es el caso de los Centros Mexicanos
en Innovación en Energía, financiados con fondos de la Secretaría de Energía y
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), enfocados a desarrollar
las tecnologías y aprovechar los recursos renovables del país.
Se crearon tres centros, con una
inversión entre pública y privada cercana a los 2 mil millones de pesos: uno en
energía geotérmica, liderado por el Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada, Baja California; uno en energía solar,
encabezado por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, y otro más en
energía eólica, coordinado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas.
Estos centros representan la mayor inversión gubernamental en investigación,
desarrollo e innovación en materia de energías renovables.
Cada centro involucra investigadores de
distintas instituciones académicas, científicas y empresas, con el propósito de
vincular el conocimiento con la producción en proyectos compartidos, en la
formación de recursos humanos especializados y en el fortalecimiento de la
infraestructura de investigación.
El desarrollo y adopción de nuevas
tecnologías es importante para mitigar el impacto de la generación de energía
sobre el medio ambiente, pero también para asegurar una diversificación
adecuada en las fuentes de energía. La diversificación es relevante dado que
los hidrocarburos son recursos no renovables, y porque contar con muchas
fuentes de energía permite aumentar la seguridad energética para las familias y
las actividades económicas del país
Además, la iniciativa de legislación
secundaria de la reforma incluye distintas medidas para fomentar el uso de
energías limpias y energías renovables. Entre ellas, destacan el
establecimiento de Certificados de Energías Limpias que fomentarán un mayor uso
de esas fuentes para la generación de electricidad en el país; se propondrá una
ley de Geotermia para aprovechar el calor de origen volcánico en las aguas
subterráneas del país, y se perseguirán metas sobre cuánta electricidad deberá
generarse con energías limpias.
Cabe recordar que, como parte de la
Reforma Hacendaria aprobada en 2013, se estableció en el país un impuesto
especial que aplica al uso de combustibles que liberan bióxido de carbono y,
además, las inversiones en generación que usen energías limpias tendrán
deducibilidad inmediata para efectos del impuesto sobre la renta.
4. Sobre cómo evitar fenómenos de
corrupción en los contratos
Con el objetivo de rendir cuentas ante
la sociedad mexicana, la Reforma Energética establece siete mecanismos
principales de transparencia y de combate a la corrupción, que obedecen a las
mejores prácticas internacionales:
En primer lugar, todas las rondas de
licitación para asignar los nuevos contratos de servicios, utilidad o producción
compartidas, y licencias para producir gas natural o petróleo, así como sus
lineamientos, serán públicos.
En segundo lugar, los propios
contratos, como instrumentos jurídicos, contarán con cláusulas de transparencia
para que los pueda consultar cualquier interesado.
En tercer lugar, las empresas
exploradoras y extractoras de gas natural o petróleo deberán hacer públicos los
costos en los que incurran y los pagos que reciban en consecuencia.
En cuarto lugar, también serán
públicos, transparentes y auditables los recursos que reciba el Estado por el
gas natural o el petróleo que se extraiga consecuente con los nuevos contratos
que establece la reforma, así como la forma en que dichos recursos serán
utilizados.
En quinto lugar, los órganos
reguladores estarán sujetos a estrictas normas de transparencia y rendición de
cuentas. Entre estas destacan las siguientes: se obliga a que cuenten con un
código de ética; los comisionados estarán impedidos para conocer asuntos en que
tengan conflictos de interés y podrán ser removidos por ese causal; sus
sesiones, acuerdos y resoluciones se harán públicas, y se establecen reglas
para llevar a cabo audiencias con los sujetos regulados, como el que para
cualquier reunión con las empresas se requerirá la presencia mínima de dos
comisionados y en todos los casos se levantará una minuta con los puntos
tratados que será pública.
En sexto lugar, Pemex y CFE deberán de
revelar información en los mismos términos que las empresas que cotizan en
bolsa bajo los más estrictos estándares internacionales.
Finalmente, la reforma energética
establece un arreglo institucional de pesos y contrapesos entre cuatro
instancias del Estado que asegura la transparencia y la rendición de cuentas en
el diseño, administración y licitación de los contratos de exploración y
extracción de hidrocarburos e impiden que su asignación sea la decisión
discrecional de una sola autoridad.
En este sentido, corresponderá a la
Secretaría de Energía el diseño de los contratos; a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público la definición de los términos fiscales; a la Comisión Nacional
de Hidrocarburos la licitación y su administración técnica y, finalmente, al
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo la recepción
y administración de los ingresos y pagos que se deriven de los contratos.
Cabe enfatizar que la Comisión Nacional
de Hidrocarburos está conformada por profesionales especializados en el sector,
y que se propone sean aprobados por dos terceras partes del Senado de la
República. En el caso del órgano de gobierno del Fondo Mexicano del Petróleo,
los dos miembros del Gobierno Federal, los Secretarios de Hacienda y de
Energía, están en minoría. Los otros miembros son el Gobernador del Banco de
México, el cual es una institución autónoma, y cuatro miembros independientes
que también tienen que ser aprobados por el Senado.
5. Sobre las medidas para evitar que
financiamientos ilícitos y presiones de grandes intereses afecten el proceso
democrático de nuestro país
Para evitar la captura regulatoria de
intereses políticos se seguirán las siguientes tres estrategias:
1. Se separan las decisiones técnicas
del proceso político-electoral. Por eso, quienes asignan los contratos y
regulan al sector son órganos especializados que contarán con personalidad jurídica
propia, autonomía técnica y de gestión, y autosuficiencia presupuestal. Esto
aplicará tanto para la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión
Reguladora de Energía (CRE).
2. Ningún proceso se estará llevando a
cabo en una sola instancia, asegurando esquemas institucionales de pesos y
contrapesos. Por ejemplo, en el caso de la administración de los contratos
estarán involucrados la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Fondo Mexicano
del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la Secretaría de Energía y
la Secretaría de Hacienda. Asimismo, no se asignará ningún contrato de forma
directa sino que se hará a través de licitaciones abiertas y transparentes, con
base en criterios objetivos y en las que competirán las empresas interesadas.
Quien gane una licitación será quien ofrezca el mayor beneficio al Estado
mexicano por sus actividades.
3. Se promueve total transparencia y
rendición de cuentas. Nuestro mejor activo como sociedad es una democracia en
la que se involucra una ciudadanía exigente e informada. En ese contexto, el
mejor mecanismo para garantizar que la ciudadanía le exija a las autoridades
actuar en beneficio de toda la sociedad es que disponga de toda la información
relevante y que se mantenga la plena libertad de expresión y de participación
política que hoy existe en nuestro país.
Estamos convencidos que México puede
tener instituciones más fuertes que lleven a mejores resultados en materia
energética. En ese sentido, cabe destacar que prácticamente todos los países
del mundo cuentan con un grado importante de participación de la iniciativa
privada en las actividades del sector petrolero sin que ello haya afectado sus
procesos democráticos. Ello va desde países industriales como Canadá y Noruega,
países con nivel de desarrollo similar al de México como Brasil, Colombia y
Malasia, e incluso países con menor nivel de desarrollo como Angola e
Indonesia. En todos estos casos, y no hay razones para que no sea ese el caso
en México, se han llevado a cabo distintas medidas para asegurar que las
empresas del sector no tengan una influencia indebida.
6. Sobre las herramientas regulatorias
para evitar prácticas de depredación
La industria de hidrocarburos operará
con un marco de responsabilidades que garantice que sus decisiones serán
tomadas con total transparencia e independencia de los regulados y sujeta a
fuertes obligaciones de rendición de cuentas.
Para evitar la depredación en la
explotación de los recursos, se establece que la toma de decisiones recaiga en
tres instituciones con atribuciones claramente definidas: la Secretaría de
Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Agencia de Seguridad
Industrial y Protección al Medio Ambiente.
La Secretaría de Energía seleccionará
las áreas a desarrollarse mientras que la CNH será la responsable de garantizar
que la extracción de los hidrocarburos se realice de manera sustentable en el
tiempo, con bases técnicamente sólidas que permitan maximizar la recuperación
total de los hidrocarburos a lo largo de la vida productiva de los yacimientos.
Entre otras obligaciones que la CNH deberá de
establecer en los contratos, destacan
las siguientes:
• Los contratistas deberán de ejecutar
planes mínimos de trabajo;
• Deberán obtener la aprobación de la
CNH a los planes de desarrollo y el diseño de los pozos. Para su aprobación, la
CNH velará por que se maximice la recuperación de los hidrocarburos de los
yacimientos;
• La devolución de áreas contractuales
en caso de inactividad por parte del Contratista;
• Cumplir con un programa de auditorías
técnicas y contables conducidas por el Estado, ya sea directamente o a través
de terceros;
• Contar con sistemas de medición
aprobados y auditados por la CNH;
• Fondear con anticipación las
actividades necesarias para el correcto abandono de las áreas contractuales,
evitando contingencias a los recursos naturales y a la seguridad de las
personas; y
• Obligaciones de remediación en caso
de afectaciones al medio ambiente.
La CNH y la Secretaría de Energía
llevarán a cabo un seguimiento continuo del cumplimiento con estas
obligaciones. Por su parte, la Agencia regulará y supervisará la adecuada
explotación de los yacimientos asegurando que se realice de una manera
industrialmente segura y respetuosa del medio ambiente. En caso de
incumplimiento, las autoridades podrán rescindir los contratos además de
establecer las penalizaciones y los actos remediales que sean necesarios.
7. Sobre la productividad laboral en el
sector energético y el Sindicato de Trabajadores Petroleros
En primer lugar, la Reforma Energética
representa una gran oportunidad para todas las mexicanas y mexicanos que
decidan ingresar a la industria petrolera. Se abrirán nuevas oportunidades
laborales bien remuneradas, que representen retos profesionales interesantes,
permitiendo mayor satisfacción personal. Para ello es esencial que se respeten
todos los derechos laborales, incluyendo los de los trabajadores de Pemex,
quienes durante décadas han demostrado su capacidad y su entrega en beneficio
de México, tanto asegurando que el país cuente con energéticos como por la
importante contribución de su labor para las finanzas públicas.
Sin embargo, la Reforma parte de la
premisa de que no es función del Sindicato tomar decisiones gerenciales. Una
muestra de ello es que desde la reforma constitucional se estableció que el
sindicato ya no participará en el Consejo de Pemex.
Asimismo, debe de haber total transparencia
por parte del Sindicato con respecto de los recursos que recibe provenientes de
entidades públicas. Al respecto, hay que recordar que la Reforma constitucional
en materia de Transparencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el
7 de febrero de 2014 establece, en su artículo 6º, que toda la información en
posesión de cualquier persona física, moral
o sindicato es pública. Por tanto, el
sindicato petrolero está obligado a poner a disposición de cualquier ciudadano
interesado la información que posea sobre el manejo de los recursos asignados y
ejercidos por éste, a fin de garantizar el principio de máxima publicidad.
Los trabajadores y administradores
mexicanos han mostrado tener un potencial equivalente o superior al de los de
cualquier país del mundo. Hoy en día, la productividad laboral en sectores
abiertos a la competencia y a todo tipo de inversión, como el automotriz o el
aeroespacial, es la mayor del mundo. No hay nada que implique que los
trabajadores mexicanos no puedan hacer lo mismo en la industria petrolera.
Este es un proceso que ya se ha
observado en países con niveles de desarrollo económico y una cultura similar a
la de México. Tanto en Colombia como en Brasil, la apertura en el sector
energético ha llevado a incrementos importantes en la producción, incluso
después de etapas de declinación como la que hoy en día se observa en México.
Más aún, parte de los incrementos en productividad se han observado en las
empresas petroleras estatales.
La evidencia es contundente. En otros
sectores en México, se han alcanzado niveles de productividad comparables con
los más altos del mundo, y la experiencia en otros países de la región muestra
que se puede lograr lo mismo en el sector de energía de nuestro país.
8. Sobre los ingresos petroleros y la
contribución de Pemex para fondear el presupuesto
En primer lugar, es necesario enfatizar
que la situación actual del sector petrolero representa un reto significativo
para las finanzas públicas del país. Aun cuando la inversión de Pemex se ha
triplicado en los últimos 13 años pasando de 9 mil millones de dólares en 2001
a 28 mil millones de dólares en 2014, la producción de crudo ha disminuido en
alrededor de una tercera parte de 2004 a 2014.
En otras palabras, el país lleva diez
años pasando por una transición en el sector petrolero que nos está llevando de
una época de yacimientos grandes de bajos costos a una época de yacimientos más
moderados con mayor complejidad geológica, mayores costos y mayores riesgos.
Este es un proceso al que se enfrentan todos los países productores, y ya ha
tenido un impacto sobre las finanzas públicas del país tanto por menores
ingresos de petróleo como por mayor gasto para su extracción. El tema no es que
la reforma vaya a llevar a un deterioro en las finanzas públicas, el reto es
como logramos que la reforma nos permita dar vuelta al deterioro que ya se
observó.
La reforma justamente nos permitirá
revertir esta situación. El uso de contratos permitirá que aumente aún más la
inversión en el sector, al mismo tiempo que el costo y el riesgo del desarrollo
de nuevos proyectos se compartirá entre un mayor número de participantes. Así,
la reforma nos permitirá dar vuelta a la caída en la plataforma de producción
de petróleo que se observa desde 2004 al mismo tiempo que el Estado mexicano ya
no es el único que incurre en todos los riesgos y costos asociados a esa mayor
producción. Se espera que con la reforma, la producción pueda aumentar de
alrededor de 2.5 millones de barriles diarios en la actualidad a 3 millones de
barriles diarios para el 2018.
En todo momento, la renta petrolera
seguirá aportándose al Estado mexicano. Para asegurar lo anterior, los
contratos se asignarán sólo a quien ofrezca el mayor pago al Estado mexicano.
Eso implica que la renta petrolera asociada a la producción adicional seguirá
siendo de los mexicanos, fortaleciendo las finanzas públicas.
En el caso específico de Pemex, la
reforma propone un régimen fiscal similar al de las empresas estatales en el
resto del mundo. Seguirá realizando pagos directos al fisco, pero serán más
moderados que anteriormente. Eso mantendrá mayores niveles de caja en Pemex y
nos permitirá hacer una reflexión más profunda sobre el uso de sus utilidades,
en cuanto a si tiene sentido que esas utilidades se reinviertan en la empresa o
se paguen al fisco en forma de un dividendo. Hoy en día no tenemos esa
discusión, ya que el régimen fiscal de Pemex implica que todas las utilidades
se transfieren a la Secretaría de Hacienda independientemente de si Pemex tiene
buenas oportunidades de reinversión de esas utilidades.
9. Sobre cómo garantizar un buen uso de
los recursos petroleros, y que no se canalicen a aumentar la burocracia
En el Transitorio Décimo Cuarto del
Decreto de la reforma constitucional se establece la creación del Fondo
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que será un
fideicomiso del Banco de México integrado por cuatro consejeros independientes,
ratificados por el Senado, y además el gobernador del Banco de México y los
titulares de Hacienda y Energía.
El Fondo será el encargado de recibir
todos los ingresos, con excepción de los impuestos, que correspondan al Estado
Mexicano derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo
séptimo del artículo 27 de la Constitución1.
Los ingresos se administrarán y
distribuirán conforme a la siguiente prelación y conforme se establezca en la
ley para:
1. Realizar los pagos establecidos en
dichas asignaciones y contratos.
2. Realizar las transferencias a los
Fondos de Estabilización de los Ingresos Petroleros y de Estabilización de los
Ingresos de las Entidades Federativas. Una vez que el Fondo de Estabilización
de los Ingresos Petroleros, o su equivalente, haya alcanzado su límite máximo,
los recursos asignados al Fondo se destinarán al ahorro de largo plazo.
1. Tratándose del petróleo y de los
hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la
Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito
de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo
de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción
del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas
del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los
términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas
asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar
con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son
propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.
(Cfr. en Art. 27 de la CPEUM).
3. Realizar las transferencias al Fondo
de Extracción de Hidrocarburos; a los fondos de investigación en materia de
hidrocarburos y sustentabilidad energética, y en materia de fiscalización
petrolera.
4. Transferir a la Tesorería de la
Federación los recursos necesarios para que los ingresos petroleros del
Gobierno Federal que se destinan a cubrir el Presupuesto de Egresos de la
Federación de cada año, se mantengan en el cuatro punto siete por ciento del
Producto Interno Bruto, que corresponde a la razón equivalente a la observada
para los ingresos petroleros del año 2013.
5. Destinar recursos al ahorro de largo
plazo, incluyendo inversión en activos financieros. Únicamente cuando el saldo
de las inversiones en ahorro público de largo plazo, sea igual o mayor al tres
por ciento del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate, el Comité
Técnico del Fondo podrá destinar recursos del saldo acumulado del Fondo para lo
siguiente:
a) Hasta por un monto equivalente a
diez por ciento del incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro
de largo plazo, al Fondo para el sistema de pensión universal conforme a lo que
señale su ley;
b) Hasta por un monto equivalente a
diez por ciento del incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro
de largo plazo, para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e
innovación, y en energías renovables;
c) Hasta por un monto equivalente a
treinta por ciento del incremento observado el año anterior en el saldo del
ahorro de largo plazo, en fondear un vehículo de inversión especializado en
proyectos petroleros, sectorizado en la Secretaría del ramo en materia de
Energía y, en su caso, en inversiones en infraestructura para el desarrollo
nacional, y
d) Hasta por un monto equivalente a
diez por ciento del incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro
de largo plazo; en becas para la formación de capital humano en universidades y
posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el
desarrollo regional de la industria. Con excepción del programa de becas, no
podrán emplearse recursos para gasto corriente.
Una vez que el saldo acumulado del
ahorro público de largo plazo sea equivalente o superior al diez por ciento del
Producto Interno Bruto del año previo al que se trate, los rendimientos
financieros reales anuales asociados a los recursos del Fondo Mexicano del
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo destinados a ahorro de largo
plazo serán transferidos a la Tesorería de la Federación.
En conclusión, queda claro que la
Reforma Energética a través de estas disposiciones, cancela absolutamente la
posibilidad de que las utilidades llegaran a canalizarse a la expansión de la
burocracia.
10. Sobre cómo evitar crisis como la de
1982 o la creación de monopolios en el sector, asegurando que la reforma se
lleve a cabo con eficacia, sentido social y transparencia
La Reforma Energética busca justamente
evitar el que se repita una crisis como la de 1982. Al respecto, hay que
recordar cuales fueron las causas de esa crisis. En ese momento, se siguió un
modelo de desarrollo del sector petrolero que, si bien permitió desarrollar una
cantidad importante de infraestructura en el país, estuvo basado en un proceso
de endeudamiento público que derivó en la crisis de la deuda de los ochenta.
Esa crisis hizo que se perdiera una década completa para el desarrollo del
país.
No podemos recurrir a un endeudamiento
público excesivo para pretender desarrollar el país o el sector energético. Quienes
argumentan que Pemex debe desarrollar el sector por si sólo están justamente
optando por el mismo modelo insostenible que llevó a la crisis de 1982.
Es por ello que la Reforma Energética
propone dar la vuelta a la caída en la producción de petróleo e impulsar el
desarrollo del sector, pero sin incurrir en un mayor endeudamiento público. En
consecuencia, deben emplearse otros instrumentos, incluyendo el que haya una
mayor participación de inversión privada que disminuya, para el Estado
mexicano, los costos y riesgos de la exploración y producción de crudo.
Una segunda característica del modelo
que se adoptó en ese momento es que era plenamente estatista y monolítico, sin
ningún tipo de control ciudadano. Ese es un modelo que no es aceptable ni
política ni éticamente en una sociedad democrática. Todo lo contrario, se debe
de avanzar para establecer un sistema abierto con fuerte competencia, total
transparencia y plena rendición de cuentas.
La reforma energética no está
privatizando ninguna empresa ni bien público. Por el contrario, Pemex y CFE se
fortalecerán y se transformarán en empresas productivas propiedad 100% del
Estado, con incentivos para asociarse o competir con empresas particulares,
bajo la estricta regulación de los órganos del Estado. La iniciativa de
legislación secundaria propone dotarlas de autonomía presupuestaria, de gestión
y técnica; gozarán de un nuevo régimen fiscal mucho más competitivo y de un
gobierno corporativo acorde con las mejores prácticas internacionales.
Sin embargo, con un espíritu de
apertura y para fomentar las mejores condiciones para los hogares y las
empresas mexicanos, sí se plantea que ambas empresas deberán de competir.
Asimismo, la recientemente fortalecida Comisión Federal de Competencia
Económica asegurará que en ningún caso se genere concentración de poder de
mercado. Para ello, la Comisión vetará de las licitaciones que se lleven a cabo
en el sector energético a cualquier participante que detente o pudiera llegar a
detentar poder monopólico.
Los mexicanos estamos ante una
disyuntiva: o abrimos el sector energético a la participación y escrutinio de
la sociedad con objeto de que se fortalezca en beneficio de todos, o nos
condenamos a una inmovilidad monolítica, a un modelo burocrático y al
endeudamiento como única vía para financiar al sector. La decisión del
Constituyente Permanente fue optar por el cambio, basado en los principios de
competencia, apertura, transparencia y responsabilidad fiscal.[1]
Evidentemente que, detrás de Cuarón debe
encontrarse un grupo de intelectuales sólidamente construido, informado y
preocupado sobre el comportamiento que, a base de bandazos está mostrando el
actual gobierno, quien por primera vez, en muchos años se encontró ante un
gesto del común denominador de la ciudadanía, misma que no nos “tragamos” el
discurso oficial que pretenden vendernos en cuanto a las “bondades” de la
Reforma energética, de la que poco a poco vamos conociendo que sus efectos no
serán vistos sino hasta el 2020, por lo menos.
El un “affaire” que aún no termina, Cuarón
volvió a la carga, y lo hizo en estos términos:
Lo único que se esperaría es, o el silencio
oficial o esa desagradable actitud de “atole con el dedo”, como ya se ha visto
hoy mismo, 8 de mayo con una respuesta que deja ver la incapacidad para
responder temas de interés nacional. Aquí la muestra:
Disponible
mayo 8, 2014 en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/
Es de esperar una actitud más congruente, madura,
profesional que respuestas con las cuales se invalida toda posible capacidad,
sobre todo porque esto parece indicar que no están preparados para dar un
panorama real de la situación tan grave que guarda el sector energético, en el
que tanto PEMEX como la CFE parecen estar convertidas en la “tablita de
salvación”, cosa que no cierta, tal y como lo veremos en la siguiente editorial
que publicaré en breve…
8 de mayo de 2014.
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